América Latina en Post-Pandemia

América Latina en Post-Pandemia

Las economías de América Latina en la post pandemia, se ven enfrentadas a un freno en su avance hacia economías avanzadas y democracias estables. Los buenos resultados de la década anterior, entre 2003 y 2013, habían despertado nuevamente expectativas positivas: estábamos escapando de la trampa de países de ingreso medio.

Como resultado, es importante no perder de vista que, a pesar de que la crisis derivada de esta pandemia fue muy nociva para la región, muchos de los factores que frenaron su avance a esta nueva etapa, son de carácter estructural, previos a la crisis del COVID-19. Este fenómeno que pareciera estar afectando a América Latina en los últimos años, ha sido frecuente en esta y otras regiones del mundo cuyas economías alcanzan un ingreso propio de países de desarrollo intermedio. Estas economías frecuentemente repiten el mismo síndrome: comienzan a caer en lo que se ha llamado “la trampa de los países de ingreso medio”.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es importante mencionar los factores que llevaron a la trampa del ingreso post pandemia, en cuatro puntos:

1. Desaceleración del crecimiento, por incapacidad de lograr mejoras continuas en competitividad y productividad.

2. Baja calidad de la educación y lenta transferencia de conocimiento e ideas innovadoras.

3. Excesiva desigualdad y desprotección social.

4. Incapacidad del sistema institucional para proveer estabilidad, transparencia y buena gestión estatal

Dentro de estos elementos se considera:

En primer lugar, una estrategia que permita una mayor diversificación, integración y cooperación desde la base productiva en la región.

En segundo lugar, es de vital importancia poner en el centro de la estrategia actividades basadas en innovación que permitan superar el estancamiento de la productividad en la región. La realidad es que América Latina es una región que está muy rezagada en materia de innovación, esto es en parte porque el gasto en I+D como porcentaje del PIB es muy bajo (0,7% del PIB), muy por debajo del promedio de la OCDE que es 2,5% y muy lejos de países que recientemente han salido de la trampa de ingreso medio, como Corea del Sur (4,23%), Singapur (2,22%), Finlandia (2,75%) y, en menor medida, Irlanda (1,2%).

En tercer lugar, es de vital importancia mejorar la calidad del capital humano en América Latina, reemprendiendo una serie de reformas al sistema educativo. El desafío será avanzar en sistemas educativos menos rígidos, que sean capaces de incentivar las “habilidades para el siglo 21”, es decir, formar profesionales capaces de adaptarse a un entorno cambiante y globalizado. Para esto también se debe tener en consideración los constantes cambios en el mercado laboral, sobre todo en un contexto post pandemia, donde las cifras de desempleo agregado ocultarán el hecho de que la composición del trabajo en América Latina cambiará robustamente posterior a la crisis.

En cuarto lugar, es indispensable realizar una profunda revisión al modelo de provisión de servicios sociales. Se ha observado, que la mayor movilidad social que acompaña a la reducción de la pobreza, no ha sido acompañada de instrumentos eficaces para atacar la volatilidad de ingresos y la inseguridad económica que la propia movilidad genera. Los elementos centrales de esta propuesta son:

1. Darle una mayor importancia al financiamiento público como un equiparador de oportunidades, incluyendo a la clase media emergente

2. Poner un techo al financiamiento vía contribuciones de las familias.

3. Llevar adelante, una mejor regulación de costos y aranceles por parte de los proveedores privados, sector que ha acumulado excesivas utilidades a pesar de los pocos años en que este sistema ha estado vigente.

Por último, se considera que los países de América Latina deberán poner un especial énfasis en mejorar la calidad de las instituciones y su transparencia.

Como parte de los esfuerzos en la región por lograr estos objetivos, se nombran algunos, para el conocimiento de la audiencia, tales como:

Acuerdo de Cartagena: con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social, el 26 de mayo de 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido, en ese entonces como Pacto Andino, hoy Comunidad Andina (CAN). Mediante este acuerdo de integración regional, se pretende promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, para propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.

MERCOSUR: El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores, se han incorporado Venezuela* y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. El MERCOSUR es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.

El ALCA: en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994 se acordó establecer un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a fin de crear un espacio continental de libre comercio antes del 2005. Desde una perspectiva institucional, el ALCA reconoce sus antecedentes en la Iniciativa de las Américas (IA), que privilegiaba las negociaciones entre grupos de países, en detrimento de las bilaterales.

El ALCA representa el más importante acuerdo de integración regional, firmado entre países desarrollados y no desarrollados con miras a establecer el libre flujo comercial entre sus economías. Coherente con las disposiciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el acuerdo pretende incorporar a la negociación la inversión en bienes y servicios siguiendo reglas comerciales definidas y transparentes; compras del sector público y políticas de competencia; y sentar las bases para la inclusión de temas tales como la agricultura y acceso a mercados, servicios e inversión, políticas de competencia y subsidios, procedimientos antidumping y derechos compensatorios.

El ALBA: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Es una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. Nace el 14 de diciembre de 2004 por un acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba, como forma de integración y unión de América Latina y el Caribe. Se proponía un modelo de desarrollo independiente con prioridad en la complementariedad regional que permita promover el desarrollo de todos y fortalecer la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad.

Actualmente la integran la República Bolivariana de Venezuela, República de Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, República del Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.

El ALBA no alberga criterios mercantilistas ni intereses egoístas de ganancia empresarial o beneficio nacional en perjuicio de otros pueblos. Busca tener una amplia visión latinoamericanista, que reconozca a la integración como motor del desarrollo e independencia de nuestros pueblos, siendo capaz de lograr lo que Bolívar concibió “ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”, y que Martí llamó la “América Nuestra”, para diferenciarla de la otra América, expansionista y de apetitos imperiales.

Podemos resumir, que esta pandemia nos dejó muchas enseñanzas, que debemos tenerlas en cuenta para poder surgir y combatir de manera acertada la situación económica actual en nuestra región, tales como:

La salud es lo principal para el desarrollo social, económico y sostenible en un país.
Se requiere de políticas integrales en materia de salud.
Es imperante establecer tratados de cooperación y coordinación regional e internacional, en lo referente a los procesos de vacunación, para proteger a la población y reducir en grandes medidas situaciones como las vividas en la pandemia del COVID-19.
Es urgente reestructurar los sistemas actuales, siendo sistemas universales adaptados a las realidades actuales.
Los sistemas de salud deben ser sostenibles financieramente, por lo cual todos los países deben crear estrategias para asegurar este punto.
Es necesario fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud y acentuar los esfuerzos para contar con servicios cercanos a la población y con capacidad de proyectarse hacia la comunidad.
Se deben fortalecer los tratados existentes como los mencionados, actualizando sus políticas a las realidades de la región, donde realmente se asegure beneficios en el tiempo para las economías de los países de la región, con la finalidad de reducir la pobreza.